José García Molina, Vicepresidente Segundo de Emiliano García Page, opina sobre el Puy du Fou
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| José García Molina, opina en su página de Facebook, sobre el Puy du Fou, el día después de la visita a Zurraquín junto a miembros del colectivo "Queremos saber la verdad del Puy du Fou" |
Inmediatamente, los medios se han hecho
eco de estas declaraciones. No debemos perder de vista que José García Molina
forma parte del gobierno de Emiliano García Page, que es el presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que el presidente
regional ha hecho de la aprobación de este proyecto un empeño personal que va
más allá de cualquier objetivo razonable en un responsable político.
Evidentemente tiene la obligación de apostar
por la generación de riqueza en su comunidad, pero esa mejora de la situación
laboral de los ciudadanos no puede obviar, para alcanzar unos objetivos,
el cumplimiento de la legislación vigente, o destruir o afectar, para
conseguirlo valores naturales, ambientales, o ciudadanos protegidos.
Desgraciadamente, en los últimos meses, sin perder de vista los fracasos
dramáticos de proyectos de singular interés anteriores, estamos asistiendo
asombrados a algunas meteduras monumentales de pata del gobierno regional, que
afectan de forma importante a la ciudadanía o al medio ambiente, como es el
caso de las macro granjas de engorde de cerdos, o el que nos ocupa, del Puy du
Fou.
No es compatible con tomar partido
descarado por una empresa antes incluso de conocer cualquier detalle de la
misma, sobre todo cuando la aprobación de lo que se pretende supone el
seguimiento de un procedimiento administrativo. Y esto es así, porque se trata
de un procedimiento reglado, es decir, que tiene que cumplir unas reglas o
requisitos, que deben ser ratificados o firmados por técnicos competentes,
antes de aprobar la resolución definitiva, ya que pueden existir, como existen, intereses
contrapuestos o incompatibilidades.
Tomar partido de inicio, antes de todo
eso, supone comprometer, en cierta manera, la independencia y la neutralidad,
que se supone en un procedimiento y en un político, sobre todo, como decíamos,
cuando hay valores protegidos con anterioridad importantes en juego, sin
menospreciar los legítimos intereses empresariales.
En todo caso, no entendemos
cómo puede apostarse de esta manera por un proyecto, si no es por unos claros
intereses electorales. Recordemos que el proyecto, como otros muchos antes, se
ha vendido como una oportunidad de inversión y creación de empleo, un mantra
repetido hasta la saciedad en proyectos similares a este, pero que
prácticamente nunca se han cumplido. Al contrario, en la mayoría de los casos,
que fueron anunciado a bombo y platillo como "oportunidades únicas",
por no decir todos, el paro en la zona ha aumentado sensiblemente, y por otro
lado, casi siempre han supuesto ayudas públicas, ERE´s, o rescates, de forma
que el ciudadano ha terminado pagando los desastres de los caprichos políticos.
En este sentido, del empleo, no podemos perder de vista que, usando los datos
de la propia empresa, en cuanto al número de empleos temporales, si la empresa
finalmente saliera adelante, tendríamos el honor, en Castilla-La Mancha, de
tener el mayor índice de temporalidad en el empleo de toda España, vulnerando
las recomendaciones y avisos que Europa ha venido dando a España en este
sentido.
Coincidimos con Molina en que
no todo vale para traer riqueza a la región, en este caso, no pueden hacerse a
costa de vulnerar espacios protegidos o "esquivar" la legislación
vigente. Dada la experiencia de fracasos, es necesario tener un trato
exquisito, en cuanto a los controles administrativos, para que nuestro territorio
no quede cubierto de proyectos fallidos faraónicos, y para ello, lo primero es
cumplir la legalidad, y claramente, repensar la ubicación elegida.
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